Un corte drástico y varias promesas

El pasado 1 de agosto de 2017, fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, la Resolución No. 22/2017 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esta norma tiene la finalidad de corregir de cierto modo aquellas desviaciones que las autoridades han identificado en la implementación de sus políticas por casi 7 años y que la sociedad cuaba en general percibe. El propio presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Periodo Ordinario de sesiones.

Según informaciones difundidas por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social en la Isla, la cantidad de cubanos vinculados a las actividades por cuenta propia en la isla, durante el primer semestre del 2017 ascendieron a 567 982. Ya suman más de 68 000 los jóvenes asociados a estas prácticas económicas no estatales en la isla, cifra que evidencia la preferencia del sector juvenil hacia esta alternativa.

En Cuba, a partir del año 1959 la propiedad privada y el trabajo por cuenta propia en particular se contrajeron significativamente. Esta forma de propiedad y gestión, ajena al sistema político y económico que se construye en la isla, ha sido restringido por las autoridades por más de medio siglo. En la década del 90 del siglo XX, se realiza la primera apertura que luego se radicaliza como parte del denominado proceso de Actualización del Modelo Económico Cubano, primero en el 2010 y luego se amplían en el 2013.

Esta posibilidad de gestar una economía alternativa a las estructuras estatales (al menos formalmente) ha favorecido la oferta de bienes y servicios con mostrando estándares de calidad aceptables, incluso en algunos lugares superior a los que puede brindar el aparato estatal. Esta decisión ha aligerado el alcance e impacto de la economía estatal, que hace 25 años, controlaba cerca del 85% de la actividad económica de la nación.

Por más de dos décadas se han presentado desviaciones en la implementación de las políticas aprobadas en relación con esta actividad que han hecho necesario diseñar medidas encaminadas al perfeccionamiento de la actividad de manera general. Un crecimiento acelerado de los vinculados a esta actividad y los resultados que han alcanzado son resultado incuestionable de la validez de dicha forma de gestión como una opción digna de empleo en la isla.

Según el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social[1]: «La más reciente evaluación al desempeño de este sector permitió comprobar, entre otros elementos, que se utilizan materias primas, materiales y equipos de procedencia ilícita; persiste el incumplimiento de obligaciones tributarias y se subdeclaran ingresos; falta de enfrentamiento y solución oportuna a los problemas; subsisten imprecisiones e insuficiencias en el control; así como se constatan deficiencias en la contratación económica para la prestación de servicios u oferta de productos entre personas jurídicas y personas naturales». Con la finalidad de intentar corregir estas conocidas problemáticas, el pasado primero de agosto de 2017, se aprueba la mencionada norma jurídica.

A decir de las autoridades de la isla esta nueva ordenanza: «no constituyen un retroceso en el desarrollo de la actividad; con ellas se pretende consolidar la organización y el control del trabajo por cuenta propia, de manera tal que este continúe avanzando de manera ordenada y eficiente».

La nueva norma limita la entrega de licencias para crear nuevos negocios (veintisiete en total[2]) hasta que concluya el proceso de perfeccionamiento que encausan las autoridades ante la construcción de un modelo económico “diferente”, ajustado a las necesidades que vive la nación.

Además se elimina el otorgamiento de nuevas autorizaciones para el ejercicio de cinco (5) actividades[3]. Así mismo se aclara que todos los trabajadores que en la actualidad se encuentran autorizados a ejercer las actividades mencionadas en los apartados anteriores pueden continuar su realización.

Esta norma jurídica se hace acompañar en todos los medios y discursos oficialistas de una futura promesa. Se les deja a saber a los actores de este sector y a la sociedad cubana en general, la intensión de cambiar una serie de elementos identificados por las autoridades y que entorpecen la práctica efectiva de esta actividad. Se anuncian las siguientes modificaciones a futuro:

  1. Se aprobará la agrupación de actividades afines, con lo cual se busca reducir la dispersión existente y perfeccionar el alcance de ellas
    1. Se integran siete actividades del trabajo por cuenta propia: barbero, maquillista, masajista, manicura, peluquera, peluquera peinadora de trenzas y peluquero tradicional.
    2. Será modificada la actividad «elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicios gastronómicos en restaurantes». En su lugar habrán dos: «servicio gastronómico en restaurante» y «servicio de bar y recreación», cuya denominación y alcance se definirán de forma precisa en las normativas que se publiquen al respecto.
  • Se autorizará al titular que tenga trabajadores contratados y necesite ausentarse por enfermedad prolongada, de él o de familiares bajo su responsabilidad, o por salida al exterior, la posibilidad de designar a uno de los contratados para asumir el cumplimiento de sus deberes.

En los documentos emitidos por el más reciente Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), se define la actividad económica privada como complementaria en el desarrollo de la nación. Y se mantiene la voluntad de continuar la construcción de una sociedad y economía socialista. Por lo tanto esta decisión de contraer la actividad por cuenta propia, está en clara consonancia con las declaraciones realizadas.

El éxito del sector no estatal, poco a poco va abarcando las diferentes actividades y sectores de la economía donde se permite su despliegue; en claro sabor popular, ya se hace cada vez más común que cubanos y foráneos prefieran acceder a bienes y servicios que generan estas figuras y apartarse de un sector estatal, ineficiente y corrompido.

La realidad es que las problemáticas existen, y han sido denunciadas por practicantes de la actividad y población en general, todos víctimas de la mala política aplicada en tal camino. Pero en lugar de corregir esas imperfecciones que inviabilizan el correcto funcionamiento de la actividad, las autoridades se concentran en eliminar o restringir la práctica de estas.

El problema continúa siendo sistémico. La inestabilidad de las políticas económicas en la isla genera un ambiente de incertidumbre que afecta la economía de la nación. Los emprendedores pierden confianza en esta práctica y la comienzan a perciben como un espacio que encierra cierto riesgo.

Este suceso tiene cierta similitud con la antigua práctica conocida como garrote y zanahoria. Se presenta una limitación al avance de un sector de la economía y en su lugar se presenta la promesa futura de modificaciones. No se trata de demeritar las dificultades subjetivas, sino de entender que existen otras problemáticas de mayor alcance que impiden de forma real el desarrollo efectivo, estable y sistemático de los trabajadores por cuenta propia en Cuba.

Entre las dificultades identificadas podemos mencionar entre otras, las siguientes:

Existe una relación de 201 actividades calificadas como oficios simples y de baja calificación profesional, son poco intensivas en conocimiento y no permiten aprovechar el capital humano. Además el listado de actividades permitidas es cerrado, rígido y reducido.

Los trabajadores por cuenta propia carecen de un mercado mayorista comprar de forma regular los insumos que requieren para desarrollar su actividad de forma sistemáticas, como lo exige la ley. Por lo tanto debe acceder a los mercados minoristas (por lo general bajo condiciones de desabastecimiento) u optar por la opción del “mercado negro”.

No existe un mercado que facilite acceso a máquinas, maquinarias, partes y piezas de repuesto y otros componentes técnicos y tecnológicos, que sustenten el funcionamiento en el tiempo de los medios necesarios para sustentar una actividad no estatal de este tipo.

Se prohíbe la inversión extranjera encaminada a potenciar estas nuevas formas de propiedad y de gestión dentro de la economía cubana.

El sistema financiero tiene problemas de liquidez y las dos monedas nacionales tienen limitaciones de convertibilidad en divisas.

La creación de pymes (pequeña y mediana empresa), con posibilidades de integrarse al sector productivo nacional a mayor escala, no se permite.

Se prohíbe la tenencia de licencia de exportación o importaciones. Del lado de las importaciones se le restringe a utilizar como insumos y maquinaria y herramientas solo aquellos productos que ordenadamente[4] se introducen al país y se colocan en sus mercados o el emprendedor opta por salir del territorio nacional e introducirlo como equipaje personal o carga adicional, siempre y cuando estos estén permitidos según la estricta regulación de la Aduana General de la República de Cuba. Del lado de las exportaciones limita el mercado de salida de bienes y productos así como la posibilidad de insertarse y competir en el mercado internacional.

En el orden impositivo las tasas establecidas pueden resultar, en algunos casos, demasiado altas para negocios que recién comienzan. También son demasiado bajos los porcentajes de costos reconocidos por la ONAT (deducidos) para el cálculo del impuesto sobre ingresos personales. La definición de un período inicial de exención de impuestos sería saludable para la promoción de nuevos negocios. El actual sistema tributario para las y los cuentapropistas establece el impuesto sobre las ventas o los servicios, el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, la contribución a la seguridad social, una tasa por la radicación de anuncios y propaganda comercial, y el impuesto sobre ingresos personales que oscila entre 25 % y 50%, según el tipo de actividad.

El poco crecimiento económico que vive el país es otro de los obstáculos a la creación de nuevas microempresas. La oferta de bienes y servicios de los cuentapropistas necesita de una demanda. Con estancamiento económico y aumento de las personas disponibles es muy difícil pensar en una demanda suficiente desde las familias o desde las empresas estatales.

Sobre estas cuestiones medulares para el fortalecimiento de las diferentes formas de gestión y de propiedad de la economía cubana, deben proyectarse las autoridades, y evitar medidas parciales complejicen las problemáticas existentes y en ocasiones crean nuevas entropía.

[1] Marta Elena Feitó Cabrera, Viceministra Primera de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba.

[2] Arrendadores de vivienda, habitaciones y espacios que sean parte integrante de la vivienda; cafetería de alimentos ligeros; chapistero; contratista privado; elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico en Restaurantes (Paladares); elaborador vendedor de alimentos y bebidas en punto fijo de venta (Cafetería); elaborador vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas a domicilio; fregador engrasador de equipos automotores; gestor de pasaje en piquera; gestor de permutas y compra-venta de viviendas; gestor de alojamiento para viviendas o habitaciones que se arriendan; herrero; instructor de prácticas deportivas; modista o sastre; operador de equipos de recreación; organizador de servicios integrales para fiestas de quince, bodas y otras actividades; oxicortador; productor o vendedor de calzado; productor o vendedor de artículos varios de uso en el hogar; profesor de taquigrafía, mecanografía e idiomas; profesor de música y otras artes; programador de equipos de cómputo; reparador de equipos eléctricos y electrónicos; repasador; reparador de artículos de joyería; reparador de bisutería; y servicios de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles.

[3] Vendedor mayorista de productos agropecuarios; vendedor minorista de productos agropecuarios; carretillero o vendedor de productos agrícolas en forma ambulatoria; comprador vendedor de discos y operador de equipos de recreación (para los equipos rústicos).

[4] Ese proceso se realiza a escala nacional mediante la planificación socialista. De esta manera el Estado realiza diferentes balances para estimar la demanda en un período determinado, por lo general un año.