Es una mujer menuda, frágil, con signos de prematura vejez y un desequilibrio emocional palpable. Llega a mi casa con un legajo de hojas en la mano y un llanto lastimero que la desborda. En su pueblo le han dicho que soy el único que puede ayudarla, una especie de ángel salvador desde mi rol de activista de derechos humanos.
“En el Tribunal Municipal me han humillado, maniatado, coaccionado, amenazado. La policía me tiene intimidada. Hasta mi abogado parece que también se ha dejado comprar. Por favor, sálveme”.
Me siento halagado con su deferencia y la de otros ciudadanos de Jaimanitas, a los que, en doce años como periodista independiente, he podido ayudar, denunciando arbitrariedades y excesos institucionales, entre otras cosas.
Aunque soy consciente de que mi trabajo es calificado de ilegal por el gobierno, y más de una vez fui tildado de mercenario, me satisface saber que algunos de nosotros (los cubanos) nos hemos convertido en un factor de equilibrio. Aunque incipientemente, pareciera que la gente en Cuba ha comenzado a considerar y valorar ciertas prácticas.
La mujer que vino a verme se llama Iralis Pérez Aladro y mantiene desde el 2007 un litigio con su vecina colindante, Nilda Pérez Guzmán, debido a una solicitud de reparaciones en las paredes medianeras. En aquella ocasión el Tribunal Municipal de Playa dictó la sentencia 639 a favor de Iralis. Desgraciadamente, la vecina se negó a cumplir y no permitió a los albañiles abocarse a la tarea que les incumbía, pero eso no fue todo.
En 2016, luego de nueve años de tensiones, su vecina Nilda contrató a un abogado para hacer valer una nueva sentencia (revertida esta vez a su favor), pues era ella quien necesitaba ahora reparar su casa. Fue entonces Iralis quien se negó a otorgarle el permiso.
“En aquella ocasión yo actué de buena fe. La vivienda original es la mía y la señora Nilda Pérez acababa de recibir como herencia de mis abuelos el garaje aledaño. Yo no pude realizar la reparación porque Nilda se negó. El garaje lo ha convertido en una vivienda suntuosa y ahora exige entrar en mi propiedad para hacer sus arreglos que, por otra parte, violan todas las normas de planificación al no cumplir con las distancias requeridas entre las viviendas”.
Iralis me cuenta la historia del litigio entre lágrimas. Dice que ha utilizado todos los canales establecidos por la ley para reclamar su derecho, pero en todas las instancias han fallado en su contra.
“En el juicio oral de diciembre de 2016 me acorralaron. El Tribunal me intimidó diciendo que incurro en un delito de ‘desobediencia ante la ley’, por el cual puedo ser procesada. El 17 de marzo de este año se presentaron en mi domicilio tres miembros del Tribunal Municipal, junto al jefe de sector de la policía, el Capitán Aurelio San Miguel. Alegaban que venían a hacer cumplir lo dictado en la sentencia número 639, aquella que yo misma había promovido en 2007 y que Nilda no cumplió, pero ahora, la misma, está dada en mi contra. Como me negué a dejarla entrar en mi propiedad volvieron a amenazarme con llevarme a la cárcel. Me dirigí al día siguiente al Bufete Colectivo de 5ta F y 110 y contraté al abogado Dr. Albertini, quien alardeó que íbamos a ganar la querella sin problema. En realidad no hizo nada. No movió un dedo. Perdí el proceso porque el Tribunal declaró que no presentamos las pruebas en fecha”.
Iralis se echa a llorar otra vez. La obligo a sentarse en una silla, pues ha permanecido de pie durante su alocución y temo que pueda desplomarse. Me muestra otra carta. Esta es para el Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado, recibida con cuño y firma el 20 de marzo de 2017. Nunca obtuvo respuesta de ella. También enseña el legajo con las misivas dirigidas al Dr. Albertini, varias reclamaciones al Tribunal de Playa y al Tribunal Supremo, y varias citaciones de la Unidad de Policía de Siboney para que se presente a declarar por su desobediencia.
“También traigo conmigo un ejemplar de la Constitución”, dice y me lo muestra como si fuera un escudo. “En todos estos años de litigio, he conocido algunos de mis derechos como ciudadana. Principalmente el recogido en el artículo 56, que dice: ‘El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador’. Y eso es lo que estoy defendiendo. Pero todos están confabulados en mi contra y veo que no hay ley que valga porque no existe la ley. Estoy desesperada… ya no sé a dónde ir para reclamar”.
Le pido que se calme y deje de llorar. Le doy un vaso de agua y me comprometo a ayudarla. La única manera que tengo es escribir y denunciar la conjura de las instituciones judiciales, que se enfrentan a esta mujer desvalida que llora en mi jardín.
Después de marcharse, yo solo, tranquilo, realizo algunas investigaciones pertinentes con la ayuda de algunos vecinos imparciales que me dan una visión externa y amplia del caso.
Félix Martínez Fello, residente de calle Primera y Rio, dice que Iralis ha sufrido mucho con este pleito de vivienda y ha bajado por lo menos treinta libras.
Marcos Lagardere agrega: “Antes era una mujer lozana. Siempre estaba alegre y con muchos planes. De un tiempo acá no sale más que para ir a los Tribunales”.
Massiel López, de Tercera y 240, expone que conoce el caso de Iralis desde el inicio y es una injusticia lo que han hecho con ella. “Le han acabado la vida. Los caminos sin salidas y las trampas de la ley la han vuelto una mujer temerosa, sombría, desequilibrada”.
“Es bueno que haya ido a verte”, dice Miguelito García, vendedor ambulante de confituras. “Ustedes, los activistas de los derechos humanos, son los únicos que meten el cuerpo por nosotros, los pobres. Y se buscan problemas de gratis contra las injusticias. Lo mejor que tienen ustedes es que no piden un centavo por ayudarnos. Algo extraño en la sociedad cubana actual”.
Leave a comment