El clamor por una Ley de Prensa que, supuestamente, resolvería la crisis manifiesta y creciente del periodismo cubano, va filtrándose a cada rato en los artículos de los llamados “comunicólogos”. El término fue empleado por Graziella Pogolotti, miembro de la Academia de la Lengua en Cuba, en su columna dominical de Juventud Rebelde del 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana. A partir de allí, mucho pareciera hablarse de él.
De acuerdo a Pogoltti, la legislación “establecerá, con regulaciones de obligatorio cumplimiento, el compromiso institucional de ofrecer a los periodistas información rápida y pertinente”.
Del lado opuesto, Fernando Ravsberg, furiosamente atacado por dirigentes y autoridades vinculadas al oficialismo mediático, también ha considerado la posibilidad de una Ley de Prensa que solucione por fin las dificultades de los informadores cubanos en su necesaria relación con las instituciones del Estado.
Mientras tanto, crece la lista paralela de reporteros expulsados de medios oficiales al proclamar verdades molestas al totalitarismo vigente. A ellos les acompañan colegas amenazados por la Seguridad del Estado -ya puestos en la mira por haber colaborado en publicaciones digitales-, y decenas de comunicadores independientes, varias veces detenidos y maltratados, muchas veces con el pesar de habérseles confiscado sus medios y elementos de trabajo.
Cuando de leyes en nuestro país se trata, es curioso el olvido, por parte de los propios periodistas, de la propaganda oficial respecto al artículo 5to de la Constitución, vigente desde 1976:
“El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.”
Sencillamente, cualquier legislación, especialmente aquellas de especial connotación política —caso que nos ocupa—, está sujeta a las directrices del PCC. Sus líderes determinarán la interpretación y alcance real de toda la parrafada que se esmeren en escribir los expertos a cargo de formular la Ley de Prensa. Finalmente, la dichosa y tan esperada ley será votada por un parlamento unipartidista que solamente levantará, unánime, la mano.
De ocuparse la élite gobernante de esta inútil tarea, la nueva ley acaso servirá como refuerzo «legal» a la mordaza que hoy aplican a quienes se atreven a decir al mundo verdades sobre lo que ocurre en Cuba.
Si alguien desea más para convencerse, basta recordar que a la conductora de un programa catalogado de estelar en la TV nacional, Thalía González, le prohibieron expresamente filmar los interiores de una Tienda Recaudadora de Divisas en La Habana, cuando pretendía dar a conocer los precios colocados en cartelera, algunos de ellos probablemente adulterados por el personal del lugar. El pretexto fue “respetar la privacidad de los clientes”.
La experiencia anterior demuestra que, considerando las aspiraciones de la Dra. Pogolotti, el Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba se encargará de precisar la velocidad atribuible al adjetivo rápido, qué debe considerarse pertinente y hasta donde llegará eso del obligatorio cumplimiento.
Mucho mejor que la fábula de Graziella Pogolotti o las buenas intenciones de Fernando Ravsberg, clasifica Pepito, el auténtico niño cubano de los cuentos, cuando improvisó unos versos a su maestra, empeñada en valorar las cualidades literarias de sus pares. El chamaco va más allá de una alusión directa a cualquier persona citada en este comentario:
¿Qué le pasa a la mariposa que no se posa en la flor de la calabaza? ¿Es tonta la mariposa, o que c…! le pasa?
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