En la tarde del sábado 29 de abril, agentes de la Seguridad del Estado arrestaron al opositor pacífico Roberto Martín Valdivia Hernández, presidente del Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País. El mismo se dirigía al Aeropuerto Internacional José Martí para efectuar un viaje a la República Argentina, invitado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Según su declaración, fue conducido a una unidad de la policía en el municipio Boyero, donde luego de revisar su equipaje, documentos personales, carné de Identidad, pasaporte y billetes de avión, le confeccionaron un acta de advertencia. En pocas palabras, el informe aseguraba que su presencia en La Habana comprometía la tranquilidad ciudadana y la celebración del acto central por el Primero de Mayo.
Pasaron las horas y, como ya no le quedó tiempo para abordar el vuelo, lo condujeron en un jeep de la guardia operativa en carácter de deportado hasta un punto de control ubicado en la Autopista Nacional. Allí lo amenazaron diciéndole que si regresaba a la capital sería encarcelado. Asimismo, la policía coordinó con el chofer de una rastra que este lo trasladara hasta el poblado Jagüey Grande en la provincia Matanzas, lugar desde donde podría continuar viaje a Ciego de Ávila, su lugar de residencia.
A pesar de que la Seguridad del Estado en ningún momento mencionó el viaje a Argentina, e intentó justificar el arresto y la deportación con posibles provocaciones a las actividades por el Primero de Mayo, para nadie es un secreto que las acciones represivas están en parte encaminadas a bloquear la participación de miembros de la oposición pacífica en eventos internacionales. Este tipo de incidentes se ha repetido en las últimas semanas ante la mirada silenciosa, y a veces cómplice, de algunos gobiernos democráticos.
Una vez más, la dictadura castrista muestra su naturaleza represiva, excluyente e intolerante, dando cuenta, al mismo tiempo, de lo que son capaces por mantenerse en el poder.
La opinión de Valdivia Hernández al respecto es clara: “Se equivocan si creen que con estas acciones, calificadas de vandálicas y violatorias según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lograrán disminuir la voluntad de lucha de la oposición pacífica cubana”.
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