Trabajo correccional con internamiento: el castigo por defender los derechos humanos en Cuba

Yobel Sevila Martínez, activista de Guantánamo, se enfrenta a  5 años de trabajo correccional con internamiento tras un proceso viciado. Su caso engrosa la lista de presos políticos en el país.

¿Hay presos políticos en Cuba? El 21 de marzo de este año, durante la visita a Cuba del presidente estadounidense Barack Obama, un periodista se aventuró a lanzar esta polémica interrogante a Raúl Castro, presidente de Cuba, durante la conferencia de prensa.  Crudo y sardónico respondió: «dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos”.

No en vano, numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado la persecución y criminalización de los defensores de derechos humanos en Cuba, los cuales el Estado sigue negando pese a las evidencias contundentes. Yobel Sevila Martínez es uno de ellos, y el próximo 13 de julio podría hacerse firme la sentencia que le condena a pasar los próximos cinco años en un centro de reclusión realizando trabajo correccional.  ¿Su crimen? Ser activista de derechos humanos.

¿Por qué le persiguen?

El 7 de julio de 2015, en Guantánamo, durante una fiesta popular, se formó una pelea entre extraños. Alrededor de ocho policías intervinieron, sin embargo, en vez de detener la pelea, atacaron y detuvieron a Yobel y a sus tres amigos. Un año después, el Estado le acusa de haber atentado contra dos oficiales fracturándole un dedo a uno y una mano al otro. Los hechos habrían ocurrido mientras Yobel se encontraba con los oficiales en la unidad de policía, donde pasó 72 horas detenido.

“Se me acusa de lesionar a dos policías, pero ninguna persona esposada puede lesionar a otra”, declaró Yobel Sevila.

¿Es ésta la causa por la que se le persigue? El interrogante muestra el modus operandi de incriminación y condena de los defensores: fabricar causas para poder encerrarles y coartar su labor.

Meses después del incidente y sin conocer de la existencia de un expediente abierto en su contra, Yobel fue detenido durante 3 meses hasta ser liberado en marzo de 2016. Arrancó entonces un proceso judicial por lesiones con agravantes plagado de anomalías. El juicio fue aplazado tres veces, originalmente correspondía al 15 de marzo, en abril lo volvieron a posponer y finalmente se realizó al 13 de mayo, pero debido a que faltaron dos testigos de la fiscalía concluyó el 10 de junio. Un único testigo fue admitido para Yobel, mientras que fueron cuatro los presentados por la fiscalía. Los policías que estuvieron implicados en su detención ofrecieron versiones contradictorias e incongruentes entre sí y más sorprendente aún fue que uno de los policías lesionados no recordara qué mano fue la que sufrió la fractura.

El 29 de julio llegó la resolución con una sentencia condenatoria de trabajo correccional con internamiento por 5 años, la cual fue apelada el mismo día. El próximo 13 de julio, si la apelación no procede, lo cual es común en la isla, quedará en firme.

Con las manos atadas

Contra el piso y las manos esposadas a la espalda, en completa indefensión, alega el Estado que Yobel habría atentado contra la policía. Desde esa misma situación se defiende contra un estado en el que no hay derecho al juicio justo y no existe independencia judicial. A un día de que se haga efectiva la sentencia, el tiempo corre en contra de Yobel.

¿Miedo? Los activistas de derechos humanos conocen el sistema y al aparato al que se enfrentan. En Cuba, además de las recurrentes detenciones arbitrarias, los activistas enfrentan penas que oscilan entre los dos y los cinco años de reclusión por causas ilusorias, muchos sin siquiera tener un abogado defensor.

Bajo un sistema corrupto y un mandatario que niega la existencia de presos políticos ante la prensa internacional, vale la pena preguntarse ¿hay presos políticos en Cuba? La respuesta en efecto no la dará el aparato del Estado, sino la experiencia de hombres y mujeres como Yobel.

“Son noticias que duelen, te están privando de tu libertad, el mundo sabe que nuestra lucha es pacífica. El gobierno siempre con sus artimañas lo que vive es tratando de encausar a los defensores de derechos humanos injustamente. Es una política acá”, concluyó Yobel.

 

Puede encontrar más detalles sobre el caso de Yobel aquí

Autor

Miranda Fuertes is human rights defender focused on Cuba and based in Prague, Czech Republic

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